lunes, 8 de junio de 2009

El Consejo de Bonao emitió cheque firmado a mano por RD$80 millones

BONAO, República Dominicana.- La copia de un cheque de RD$80 millones llenado a mano, a nombre del tesorero del Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel, Valentín de Jesús Marte, es uno de los símbolos de las irregularidades con las que se maneja la entidad, de acuerdo con dirigentes de la Alianza de Lucha y Desarrollo (Alud) y el Bloque de la Dignidad de Bonao.

El director ejecutivo del Consejo, Diego Polo Martínez, y antiguo líder del movimiento popular del pueblo, admite que la institución cometió un error administrativo al emitir el cheque.

La entidad ha manejado fondos por RD$1,300 millones desde 2006 a la fecha, producto de la aplicación de la Ley 507-05 que ordena la transferencia de las ganancias de las 285,982 acciones del Estado en la minera Falcondo (antigua Falconbridge) a las provincias que han sufrido daño por las explotaciones de níquel: La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

Desde su creación, el Consejo de Bonao ha estado envuelto en conflictos. La lucha por la administración de los fondos dividió incluso a las organizaciones populares de la provincia.

Denuncias

El director del Consejo argumenta que la comisión ejecutiva actuó de buena fe al emitir el millonario cheque, pues nunca ocultó la información. Cuenta que la copia es de dominio público porque los ejecutivos la entregaron a requerimiento de Alud.

“Esa cantidad de recursos era para colocarla en un certificado financiero. Se hizo a nombre de Valentín de Jesús Marte por un error, ni siquiera teníamos el auditor interno que nos permitiera orientarnos en torno a esa decisión”, explica el funcionario.

Sin embargo, Eleuterio Abad, uno de los miembros de la comisión ejecutiva más cuestionado por Alud y el Bloque por la Dignidad, defendió la expedición del cheque. Explicó que con la medida se evitaron demoras burocráticas en la colocación de un certificado financiero en la oficina regional del Banco Central, con asiento en Santiago, a nombre del Consejo.

"Para depositarlo allá en las valijas del Banco Central tenía que ir a nombre de la persona que iba a representar a la institución en esa subasta", puntualizó.

Luego, dijo: "Antes hubo otros depósitos, a nombre del presidente y del tesorero. Para esa ocasión el presidente no podía estar presente".

Silvestre Santamaría, dirigente de Alud explica que luego de que la institución pusiera en evidencia al Consejo en los medios locales con la copia del cheque, sus ejecutivos se han negado a darle más documentación. Agrega que muchas obras no se otorgaron por concurso y se entregaron a maestros constructores, como si fueran ingenieros.

En la lista de obras construidas, bajo el renglón de "ingenieros" se encuentra el nombre de Juan Liranzo, quien, según admitió el propio director ejecutivo, es un maestro constructor. Liranzo fue el encargado de hacer la verja perimetral de la capilla Cristo Rey, a un costo de RD$748,145.

El director del Consejo explicó que en la publicación no se hizo diferenciación entre unos y otros y todos se colocaron en el renglón de "ingenieros". Aclaró que muchas de las obras menores de RD$1 millón se le asignaron a maestros constructores y el resto a profesionales, a través de un sistema de sorteos preparado junto al Colegio de Arquitectos, Ingenieros y Agrimensores (CODIA).

El presidente del Codia en Bonao, Wellington Mejía, aclara, sin embargo, que a principio de su gestión el consejo realizó obras que no fueron sorteadas, aunque posteriormente se hizo un acuerdo con el gremio, gracias al cual se han sorteado 27.

Entre las obras que según Mejía no fueron sorteadas está el edificio donde funciona el Consejo.
El director del Consejo explica que muchas de las obras que, según se dice en el pueblo no han sido hechas por concurso, no fueron contratadas directamente por la entidad, sino por otras instituciones como Obras Públicas. En estos casos, según el ejecutivo, la institución que dirige se limitó a hacer aportes para complementar el presupuesto.

En cuanto a la denuncia de que los fondos se utilizan en actividades que no son propias de la institución, responde: "Ahora, sí, se dan ayudas, hay gente que viene a buscar ayudas, ¿y está mal eso?" Al menos RD$ 1 millón se ha gastado en el renglón "Asistencia Social".

Gestión

El punto fuerte de la gestión del Consejo ha sido la construcción de obras de infraestructura, en las que se supone se ha gastado casi la totalidad de los fondos. Entre las obras más notables realizadas en conjunto con otras instituciones, están la carretera Caribe -El Verde, el aporte de RD$140 millones para la construcción de una extensión de la UASD y el asfaltado de calles en la provincia.

Santamaría, antiguo compañero de luchas del director del Consejo, entiende que el dinero se debió orientar hacia temas de recuperación ambiental y desarrollo, en vez de a infraestructuras.
El director del Consejo dice que se ha invertido una mayor cantidad de dinero en infraestructuras porque es lo que piden las juntas de desarrollo de los barrios y zonas rurales.

“Hemos sido tímidos en esa parte del medio ambiente, hemos trabajado más en las construcciones, pero esas son las demandas de la gente”, enfatiza.

Mientras se da este debate, se obvia el hecho de que los cuestionados fondos han menguado.

De los RD$1,300 millones que ha manejado el consejo, hasta el momento ha invertido alrededor de RD$1,000 millones, según el director ejecutivo, quien devenga un salario de RD$40 mil. La entidad tiene una nómina de RD$600 mil al mes.

El dinero del consejo en certificados financieros, con cuyos réditos se mantiene en parte la entidad, ascienden a RD$179.5 millones, el total en Caja y Banco es de RD$282,680, según un estado financiero de abril de este año.

Una de las estrategias para garantizar la sostenibilidad del proyecto es convertir a la institución en una agencia de desarrollo (especie de Organización No Gubernamental) con capacidad de gestionar recursos del Gobierno y de organismos internacionales.

Los consejos provinciales de administración de los fondos no están recibiendo dinero de las acciones del Estado porque Falcondo suspendió el año pasado la explotación del níquel por la caída de los precios en el mercado.

Los recursos que en lo inmediato podrían salvar la situación dependen de una promesa del presidente Leonel Fernández.

Según el director del Consejo, Polo Martínez, el mandatario dio su palabra de entregar RD$300 millones para que la institución siga funcionando.

Conflicto

Desde antes de su incorporación mediante el decreto 527-06 ya había dos grupos que se disputaban el dominio del Consejo. Por un lado estaban las personas nombradas por el Ejecutivo y por el otro, había un grupo integrado principalmente por representantes de asociaciones civiles. Ambos se disputaban el título del "auténtico consejo". Y se enfrascaron en un conflicto legal, en el que según el abogado Roberto Rosario, representante del grupo que finalmente quedó fuera del poder, se gastaron RD$12 millones del dinero destinado a obras sociales.

Desde la década de los 80 activistas de organizaciones sociales de Bonao han luchado para que se distribuya en la provincia Monseñor Nouel una parte de los beneficios generados por la minera Falcondo Dominicana, como compensación a los daños ambientales causados por la minera. A juicio de Silvestre Santamaría, dirigente de

Alud, uno de los logros de esa lucha ha sido la creación de la Ley 507-05 mediante la cual el Estado entrega los beneficios de sus 285,982 acciones de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) en la Falconbridge Dominicana a las provincias afectadas por la actividad minera.


El artículo tres de esa ley establece que el 70% de los beneficios que generan esas acciones se deben entregar a las provincias Monseñor Nouel; el 20 % a La Vega; y el 10 % a Sánchez Ramírez. Sin embargo, CORDE, quien recibe los fondos y los reparte entre los consejos, se queda con el 10% del dinero para asuntos administrativos, aunque esta práctica no está establecida por ley.

Los Consejos que están integrados -por decreto- por representantes políticos y sociales de las provincias han recibido aproximadamente RD$1,800 millones para ser invertidos en obras y actividades importantes, consensuadas entre los líderes de las organizaciones provinciales. En Bonao, el consejo que administra los fondos fue ratificado mediante el decreto 527-06 del 23 de agosto de 2006.

Está integrado por 21 representantes políticos y sociales de la comunidad, algunos de los cuales no asisten, como el síndico del municipio, Alberto Marte, miembro del opositor partido Revolucionario Dominicano, quien ha cuestionado el manejo de los fondos. Tampoco asiste el representante de la sociedad civil, Félix Núñez, quien está relacionado con movimientos que han cuestionado el manejo de los fondos e incluso la legitimidad de la institución, para lo cual han asistido a los tribunales.
Recientemente renunció el diputado Modesto Díaz।


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