El Gobierno ecuatoriano decretó ayer el estado de excepción y el Ejército asumió la seguridad del país, después de que el presidente Rafael Correa fuera atacado durante una protesta de policías y militares que acabó fuera de control.Las protestas se desataron ayer por la mañana en Quito, después de que en la víspera el Congreso aprobase la Ley de Servicio Público, que reduce 15 millones de dólares en bonos y condecoraciones. El presidente señaló como posible instigador del «golpe» al ex presidente y coronel retirado del Ejército Lucio Gutiérrez, destituido en 2005 por el Congreso.
Correa se comprometió a convocar elecciones generales para apaciguar la revuelta. El presidente no dio una fecha exacta para este proceso, pero no ocultó su decepción por el papel desempeñado por la Asamblea Nacional, en la que su partido, Alianza País, tiene mayoría. «Estoy pensando en elegir otro congreso», anunció el gobernante, tras quejarse de la lentitud de la Asamblea y de su poca capacidad para comunicar correctamente sus decisiones.
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